El gobierno de Delfina Gómez Álvarez marcó un hecho histórico al poner fin a una de las redes de corrupción más antiguas y perjudiciales del Estado de México: el negocio irregular del agua.
Durante décadas, empresas privadas y grupos políticos locales se beneficiaron de la explotación desmedida de los mantos acuíferos, dejando a miles de familias sin acceso al líquido vital. Estos acuerdos y concesiones, respaldados por administraciones pasadas, permitieron la extracción y comercialización del recurso sin control ni transparencia.
Con la nueva estrategia hídrica estatal, la administración de Delfina Gómez busca recuperar el control público del agua, garantizar su uso sustentable y priorizar el acceso equitativo para todos los mexiquenses. La mandataria subrayó que “el agua no puede ser un negocio, sino un derecho”, reafirmando su compromiso con la justicia social y ambiental.
Este cambio marca un punto de inflexión en la gestión del agua en el Estado de México, donde por primera vez se frena el lucro privado sobre un bien común y se coloca en el centro el bienestar de las comunidades.