El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, sostuvo que la “Operación Enjambre” se ha convertido en un esquema de referencia a nivel nacional para enfrentar la corrupción y la extorsión dentro de las administraciones municipales, al lograr resultados concretos mediante la coordinación entre autoridades estatales, federales y locales.
La postura se dio luego de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego “N”, así como de tres funcionarios más de ese ayuntamiento. El edil fue ingresado al penal federal de El Altiplano y solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica continuará analizándose en audiencia programada para el próximo martes.
Autoridades mexiquenses subrayaron que la “Operación Enjambre”, impulsada desde noviembre de 2024 por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha permitido identificar y desarticular redes de corrupción que operaban desde gobiernos municipales, con énfasis en delitos como extorsión, secuestro y homicidio.
De acuerdo con información oficial, la estrategia ha derivado en la detención de 60 personas, entre servidores públicos y exfuncionarios, en al menos 18 municipios, así como en la obtención de 19 sentencias condenatorias contra objetivos considerados prioritarios.
El gobierno estatal señaló que este modelo, reforzado por el trabajo permanente de las Mesas de Paz, ha demostrado que la atención a las causas del delito y la acción institucional coordinada permiten fortalecer la seguridad y la protección de las comunidades.
Entre los casos emblemáticos de la operación se encuentra la detención y sentencia de la exalcaldesa de Amanalco de Becerra, María Elena Martínez Robles, condenada a 60 años de prisión, así como la aprehensión de dos ediles —en funciones y electo— acusados de secuestro y extorsión, quienes permanecen a la espera de sentencia.
La “Operación Enjambre” es una de las ocho acciones estratégicas implementadas en el Estado de México en coordinación con autoridades federales y municipales para combatir la corrupción y las estructuras criminales que operan desde el ámbito público.