Una compleja red de extorsión encabezada por la organización criminal conocida como la Familia Michoacana fue parcialmente desmantelada en el Estado de México como parte del operativo denominado ‘Liberación’. Autoridades federales y estatales lograron la detención de ocho personas y la identificación de al menos 52 puntos clave utilizados por el grupo para controlar sectores económicos completos.
La operación reveló cómo el cártel se había infiltrado en actividades que iban desde la venta de carne, huevos y materiales de construcción, hasta el transporte, la minería de arena y la paquetería, afectando directamente la economía local de 14 municipios, incluido el turístico Valle de Bravo. El grupo imponía precios, amenazaba a quienes no compraban en los negocios “autorizados” y usaba a empresarios, transportistas y hasta funcionarios como operadores de la red delictiva.
“Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales para desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio”, declaró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal. Agregó que se trataba de una medida urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias mexiquenses.
Entre los detenidos figuran un empresario que gestionaba el esquema de extorsión, un operador encargado de “levantar” a trabajadores que usaban materiales no autorizados, y una mujer que emitía recibos que acreditaban a los comerciantes como “autorizados” por el cártel. También fue arrestada una regidora municipal que persuadía a las víctimas para pagar, utilizando intimidación y vínculos con grupos criminales como método de presión.
El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, explicó que el cártel también regulaba el flujo de paquetería en ciertas zonas del estado, determinando qué productos podían o no circular. Dijo que en muchos casos los denominados “sindicatos” criminales desplazaron a las organizaciones de transporte legítimas.
El operativo ‘Liberación’, que continúa en marcha, forma parte de la estrategia nacional para combatir la extorsión, uno de los delitos de alto impacto que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. La acción también se da en el contexto de la nueva administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum, y bajo la presión internacional por obtener resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado.