Las investigaciones alcanzaron a presuntos líderes de organizaciones con fachada sindical, integrantes de una célula de narcomenudeo y una agente del Ministerio Público señalada por supuestamente filtrar información sobre operativos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la desarticulación de un presunto entramado criminal que operaba al interior y en las inmediaciones de la Central de Abasto de Ecatepec, como parte de las acciones relacionadas con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la Mesa de Paz estatal.
Las investigaciones y operativos han derivado en la judicialización de 10 personas, además del aseguramiento de seis inmuebles, 20 vehículos y diverso ganado.
De acuerdo con las indagatorias, la estructura estaría relacionada con actividades de extorsión, narcomenudeo, cobro de cuotas y otros delitos, y presuntamente mantenía vínculos con organizaciones que operaban bajo una fachada sindical, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON) y COTRAMEX, A.C.
La Fiscalía investiga además la posible participación de integrantes del Consejo de Administración de la Central de Abasto y de una servidora pública de la propia institución.
Presuntos líderes y operadores entre los investigados
Entre las personas detenidas se encuentra Jorge Antonio “N”, alias “Coronel”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos líderes de la USON. Fue capturado en Tizayuca, Hidalgo, e ingresado al penal de Ecatepec por su probable participación en secuestro exprés con fines de extorsión, robo con violencia y despojo.
Como parte de las investigaciones relacionadas con este individuo fueron aseguradas seis propiedades, entre ellas un despacho, un salón de fiestas, una escuela y dos ranchos donde fueron localizados más de 130 animales. También se reportó el aseguramiento de 20 vehículos.
Otro de los investigados es Alejandro “N”, alias “El Gordo”, identificado como dirigente de COTRAMEX, A.C. Las autoridades lo señalan por presuntamente utilizar una organización dedicada al transporte de carga para movilizar mercancía robada, además de hacerse pasar por abogado y funcionario público para intimidar a víctimas. Fue vinculado a proceso por secuestro exprés con fines de extorsión y permanece recluido en el penal de Texcoco.
La investigación también incluye a Enrique “N”, alias “Siddhartha”, señalado como presunto prestamista que habría impuesto cobros de intereses y utilizado amenazas relacionadas con el despojo de bodegas para presionar a comerciantes.
Investigan cobros ilegales y narcomenudeo
Laura “N” y Magali “N”, esposa e hija de Miguel Ernesto “N”, alias “El Maiky”, presuntamente asumieron el cobro de cuotas después de la detención de este último en 2025.
Según las investigaciones, los cobros alcanzaban los 250 pesos diarios para franeleros, 20 pesos diarios para pepenadores y entre 500 y mil pesos diarios para algunos establecimientos comerciales. Ambas fueron procesadas por secuestro exprés.
La Fiscalía también identificó una presunta célula dedicada al narcomenudeo integrada por Marco Antonio “N”, Roberto “N”, alias “El Abeja”; Vladimir Alejandro “N”, alias “El Mudo”, e Iván “N”. Los investigados habrían afirmado pertenecer a una organización delictiva con orígenes en Jalisco y son señalados por venta de drogas y cobro de “derecho de piso” a comerciantes ambulantes.
Detienen a agente del Ministerio Público
Como parte de las acciones realizadas este 9 de septiembre, la FGJEM cumplimentó una orden de aprehensión contra Isela “N”, agente del Ministerio Público de la propia institución.
La servidora pública es investigada por presuntamente filtrar información confidencial y alertar sobre operativos a Alejandro “N”, alias “El Gordo”, con el supuesto objetivo de proteger las actividades del grupo investigado.
Isela “N” fue trasladada al Centro Penitenciario de Cuautitlán, donde permanecerá mientras la autoridad judicial determina su situación jurídica.
Las investigaciones continúan para establecer el alcance de la presunta red, identificar a otros posibles participantes y determinar las responsabilidades individuales. Las personas señaladas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.